Incidencia política y social
La Prelatura de Lábrea (Amazonas, Brasil) nació en el periodo de entreguerras, con Brasil gobernado por una oligarquía y en un contexto de explotación sistemática de la selva y de las personas. El “aviamento” era un sistema de crédito y abastecimiento por el que el propietario de la cauchería o un comerciante adelantaba al recolector de caucho lo necesario para vivir y trabajar: alimentos, herramientas, ropa, medicinas…
A cambio, el trabajador entregaba en exclusiva su producción al proveedor, quien descontaba del pago la deuda antes contraída. Los precios de los suministros se inflaban y el precio del caucho lo fijaba el patrón. La deuda rara vez desaparecía y el trabajador vivía en permanente dependencia, muy cerca de la servidumbre, por sus deudas.
En 1930 Getúlio Vargas puso fin a la República Vieja e impulsó la centralización del Estado, la industrialización y una amplia legislación laboral. Tras promulgar la Constitución en 1934 y ser elegido presidente, en 1937 Getúlio dio un golpe de Estado, suprimió los partidos, censuró la prensa y concentró el poder en el Ejecutivo.
Durante la II Guerra Mundial, Brasil pasó de la neutralidad a apoyar a los Aliados. Esto trajo a la Amazonia una nueva leva de trabajadores del caucho. Japón había conquistado las plantaciones industrializadas británicas de hevea brasiliensis en el sudeste asiático, creadas a comienzos del siglo XX con plantones robados en Brasil y que hundieron la economía de la Amazonia al hacer no rentable el caucho natural de la selva.
La necesidad de caucho de los aliados provoca este segundo ciclo del caucho. No trajo casi beneficios, pero sí despertó todos los fantasmas del sistema cuasi-feudal del aviamento, migraciones descontroladas y relaciones de explotación.
Getúlio Vargas es destituido y en octubre de 1945 comienza el Estado Nuevo, con alternancia de gobiernos democráticos, hasta que de 1964 a 1985 surge el régimen militar, muy represivo. La Iglesia Católica fue una de las instituciones que más luchó por la democracia. En 1983 la Asamblea de la Prelatura decide priorizar los movimientos populares y promover asociaciones de lavanderas, sindicatos de profesores y trabajadores rurales, grupos de defensa de los derechos humanos…
En 1985 se recupera la democracia y en 1988 aprueba la Constitución actual. Con la economía en ciclo expansivo, crece la minería, la explotación de hidrocarburos y el agronegocio, todos ellos de gran impacto en la Amazonia, que vivió estas fases con ausencia de la Administración Pública, explotación sistemática de recursos y un sistema político municipal con una oligarquía que usa el sistema en su provecho.
Hoy Brasil vive en situación de polarización extrema y la Amazonia sigue siendo tierra sin ley en muchos aspectos: desregularización de la posesión de tierras y agresiones a tierras protegidas; falta de control de fronteras; tráfico de mercancías ilegales; robo de tierras públicas; explotación ilegal de oro, pesca, madera, frutos de la selva…
La emergencia climática acosa a la Amazonia: las temperaturas máximas son más altas, hay sequías de récord que imposibilitan la navegación y, con ello, el acceso de los bienes de consumo, al tiempo que hay una enorme mortandad de peces.
La corrupción es crónica en todos los niveles de la Administración y de los órganos de fiscalización. La sociedad está apegada al clientelismo y los empleos públicos, casi único medio digno de vida, son una forma más de dominio. No hay políticas públicas en educación o sanidad, agua potable y saneamiento básico, planificación urbana, fiscalización laboral, atención a los menores y mujeres.
El Papa Francisco puso la Amazonia en el centro de la reflexión eclesial con un Sínodo, y Diócesis y Prelaturas de la región se articularon con carácter supranacional en la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), que abre en Lábrea su núcleo local en 2023.
No era sino la actualización y globalización de una tarea secular en Lábrea de apoyo a la población más vulnerable mediante la exigencia a las autoridades y la articulación del pueblo para defender su propia voz. Las Comunidades de Base nacieron para “unir fe y vida”, es decir, para que la celebración de la Palabra llevase a todos hacia el apoyo mutuo, la solidaridad y la búsqueda de la dignidad para todos.
Los misioneros también se han ido adaptando a los tiempos. Después del Vaticano II han pasado por formaciones, encuentros y asambleas para servir mejor a los pueblos ribereños e indígenas. Han aprendido promocionar los órganos democráticos de control del poder, a conocer las herramientas legales de la Constitución de 1988 para la defensa de los vulnerables, a proteger a los empleados públicos de las prácticas del clientelismo o a exigir una tarea profesional y no violenta a las fuerzas del orden público.
También aprendieron a organizar sindicatos, a denunciar el robo de tierras sorteando las dificultades de una Administración corrupta, se pusieron al día sobre asociacionismo, proyectos de desarrollo y la ruptura definitiva de los compromisos de aviamento.
A su vez, ellos formaron a los agentes de pastoral en doctrina social y recibieron no pocas amenazas; además del asesinato de la misionera agustina recoleta Cleusa, los frailes enfrentaron denuncias, amenazas e incluso sufrieron ataques violentos.
En los proyectos sociales más onerosos de la Iglesia, desde el inicio los misioneros buscaron la participación y compromiso de las autoridades públicas municipales, estatales o federales. Aprovecharon las leyes para buscar colaboración ya fuera en la financiación, ya en completar los cuadros profesionales de atención.
La Prelatura y las Parroquias participaron directamente en varios procesos informativos públicos, en los consejos de políticas públicas, en la creación de órganos de defensa del menor, en la presencia de jueces y fiscales de manera permanente en la Prelatura o en diversas audiencias públicas que han tenido lugar en los cuatro municipios.
