El 23 de diciembre pasado, cinco pueblos originarios del Amazonas brasileño se presentaron ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil para denunciar la grave situación de desasosiego, amenazas e invasión de sus tierras por parte de quienes promueven explotaciones forestales y minas de oro ilegales, o usan la selva para el transporte de sustancias ilegales.
Los pueblos Kokama, Kambeba, Kaixana, Apurinã y Tenharim defienden la demarcación de tierras como única solución para limitar la invasión y depredación, entre ellas el área Itanury Pupykary, en el cauce final de los ríos Seruini y Tumiã, entre los municipios de Lábrea y Pauini, perteneciente al pueblo Apurinã.
Estas demarcaciones se han visto dificultadas por la ley 14.701/2023 o “Ley del Marco Temporal”, que establece que los pueblos indígenas solo pueden reclamar los territorios que ocupaban físicamente cuando se aprobó la Constitución en 1988. Si un pueblo originario no tenía presencia en esas tierras en esa fecha, no podría legalmente obtener su retorno o demarcación oficial.
Esta ley, sin embargo, no tiene en cuenta las expulsiones forzadas anteriores a 1988; y para esa fecha ya habían tenido lugar casi todas las usurpaciones de territorio indígena y las mayores masacres de pueblos originarios. Exigir probar la ocupación de 1988 en adelante hace prácticamente imposible recuperar tierras ancestrales que para ese año ya habían sido robadas por la fuerza de la violencia.
El Supremo Tribunal Federal (STF) declaró en diciembre pasado que era inconstitucional aplicar este criterio de marco temporal para la demarcación de las tierras, pero el debate continúa tanto en sedes judiciales como en el Parlamento.
En la Prelatura de Lábrea han sido muchos los actos de concienciación y denuncia. La Organización de los Pueblos Apurinã y Jamamadi de Pauiní ha explicado a sus vecinos no indígenas que sus derechos “no se negocian, nuestras tierras no son moneda de cambio, nuestras vidas no caben en esas tesis coloniales que intentan borrar la historia”.
Los jóvenes indígenas de Pauiní han recordado que “es increíble que en pleno siglo XXI todavía necesitemos luchar para que la Constitución brasileña se cumpla. Los jóvenes indígenas estamos en pie, conscientes de que nuestra fuerza, nuestra memoria y nuestra responsabilidad son necesarias para las futuras generaciones”.
Erick Deni, joven del pueblo Madiha Deni del río Cuniuá en Tapauá (Amazonas), también dejó su mensaje: “esta ley viola nuestra tierra, nuestro modo de vida. ¡Demarcación ya!”
Y la aldea apurinã Morada Nova, en Acimã, ha enviado mensajes en las redes sociales recordando que “la tesis del marco temporal intenta borrar la historia de nuestros pueblos”, pero “nuestros derechos no comenzaran en 1988, existen antes que el Estado, antes que la Constitución, antes que se comenzase a llamar a esta tierra Brasil. Nuestros territorios no son solo un espacio físico, forman parte de nosotros mismos, de son memoria de los que fueron antes que nosotros y esperanza de los que vendrán después”.
